22-03-2011 1:00
EL CONSEJO DE ESTADO VE "PLAUSIBLE" PROHIBIR O LIMITAR LOS ANUNCIOS DE PROSTITUCIÓN
El Consejo de Estado considera en España "plausible prohibir o, al menos, limitar severamente los anuncios de prostitución en la prensa" siempre y cuando el Gobierno apruebe una ley específica para ello, aunque considera que "no debiera instrumentalizarse mediante su tipificación de ilícito penal", según un informe elaborado al respecto a petición de la ex ministra de Igualdad y actual titular de la Secretaría de Estado homónima, Bibiana Aído. Tanto la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), como la Federación Andaluza de Asociaciones de Periodistas (FAAP) o la Asociación de Periodistas - Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL), en numerosas ocasiones han pedido la desaparición de este tipo de anuncios de los medios de comunicación.

Para el organismo consultivo, sería necesario aprobar una disposición con rango de ley, "en concreto, una ley prohibitiva de la actividad", que permitiera al Ejecutivo acometer esta restricción.

El Consejo propone modificar el artículo 8 de la Ley General de Publicidad para que se incluya un apartado que prevea dicha prohibición, aunque estima que no es la fórmula "más adecuada".

Además, este órgano no se limita a la prensa, y hace referencia a la televisión e internet. Sobre la televisión, cree que debe considerarse el establecimiento de una prohibición expresa no sólo en el horario de protección infantil, sino también "en otros horarios más amplios", y en cuanto a internet opina que hay que analizar "la pertinencia de establecer algún tipo de limitación".

El informe considera que la prohibición de estos anuncios "persigue un fin legítimo" y se trata de "una medida racionalmente relacionada con la consecución del fin", que a su vez, es "razonable" y "proporcional" porque "no se coligen medidas alternativas menos restrictivas de los derechos que permitan alcanzar la misma eficacia en el logro de la finalidad perseguida".

El Consejo de Estado argumenta que "la regulación vigente resulta insuficiente para prohibir en la prensa escrita, con carácter general, la publicidad de la prostitución" porque "no existe una habilitación legal" que lo permita y "porque tampoco se puede obtener la desaparición general de dicha publicidad mediante ninguno de los instrumentos de defensa previstos en la Ley".

Sobre este asunto, explica que en el caso de la publicidad de prostitución, en España "la autorregulación se ha mostrado insuficiente y baldía pese a las iniciativas adoptadas o impulsadas por los poderes públicos". Es un mecanismo "manifiestamente insuficiente para alcanzar la finalidad perseguida de hacer desaparecer" estos anuncios, explica el informe.

Además, considera que la limitación de eventuales subvenciones públicas o la eliminación de la publicidad institucional en los medios que contengan este tipo de anuncios tampoco serviría para la "consecución" de la erradicación de la publicidad de contactos.

El texto reconoce que la existencia de la prostitución es "innegable" y que su relevancia económica se trasluce también en los medios de comunicación que, a juicio del Consejo, "se benefician del negocio" de la publicidad de esta actividad.

Por otra parte, el Consejo analiza la compatibilidad de esta prohibición con la libertad de expresión que recoge la Constitución Española y concluye que "pese a la consideración como comunicación" de la publicidad, "es posible establecer prohibiciones a su contenido -mediante el correspondiente instrumento legal- siempre que la publicidad lesione o ponga en peligro bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento".

En opinión del órgano consultivo, los anuncios de contactos pueden "superar los límites de la libertad de expresión fijados en "la protección de la juventud y de la infancia" (artículo 20.4 de la Constitución)" así como podrían "no compadecerse adecuadamente" con el artículo 39.4 según el cual "los menores gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos".

En conclusión, señala que "es preciso recurrir a otros instrumentos que aseguren la eficacia de la finalidad perseguida y, en concreto, a una ley prohibitiva de la actividad" ya que considera que "tratar de limitar la difusión de una actividad tolerada pero no bien considerada por el ordenamiento mediante la prohibición de la publicidad de los anuncios constituye un fin legítimo y el medio empleado, la interdicción, resulta racional, razonable y proporcionado".

El documento parte de que la prostitución es "un fenómeno que tiene especial incidencia en el ámbito femenino" ya que en su mayoría, "las mujeres se convierten en un objeto de consumo" asumiendo uno de los roles "más extendidos" en la publicidad, que es, según el Consejo de Estado, "aquél que convierte a las mujeres en mercadería".

"La mera oferta de servicios sexuales, aún libre y voluntaria, así lo comporta", explica el informe, para incidir en que "por la simple finalidad del anuncio, las mujeres son objeto de una desvalorización completa que pugna frontalmente con su dignidad como persona y es incompatible con los bienes y valores jurídicos reconocidos en la Constitución y en las leyes".

LOS EDITORES SE OPONEN

Los editores de diarios han advertido de que si el Gobierno atendiera el informe del Consejo de Estado hecho público y decidiera "limitar" las inserciones de anuncios de contactos en prensa escrita, estaría discriminando a este medio y vulnerando el derecho fundamental a publicitar una actividad legal.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha anunciado que estudiará las opciones planteadas por el Consejo de Estado en relación a la eliminación de los anuncios de prostitución de la prensa y establecerá un calendario que permita alcanzar un acuerdo con los grupos políticos y los medios de comunicación con el máximo consenso posible.

En un comunicado, la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) expresa su "total oposición jurídica" a dicho informe, al entender que la publicidad de cualquier actividad legal sí está amparada por el artículo 20 de la Constitución, con lo que cualquier limitación previa de un anuncio en prensa vulneraría de inmediato un derecho fundamental.

El Consejo de Estado considera "plausible" prohibir o, al menos, limitar "severamente" los anuncios de prostitución en la prensa escrita como es intención del Gobierno, según el informe elaborado por la Comisión de Estudios de este órgano consultivo.

En su informe, hecho público por el Consejo en su web, subraya que en el caso de la publicidad de la prostitución en España la autorregulación ha sido "baldía" y "manifiestamente insuficiente".

El Consejo estima que la prohibición de la publicidad de la prostitución en la prensa escrita "persigue un fin legítimo" y, además, señala la conveniencia de ponderar la posibilidad de extender la prohibición a otros medios.

En su nota, AEDE traslada su indignación por el hecho de que ni el Consejo de Estado ni el Gobierno les hayan convocado ni atendido sus propuestas en este asunto, incluido un acuerdo de autorregulación, a pesar de que viene reiterándolas.

Para los editores, si los poderes públicos consideran que una actividad es delictiva o resulta perjudicial para la salud, lo que cabría exigirles no es que impidan publicitarla en determinados medios de comunicación, sino que prohíban su ejercicio.

Desde AEDE se subraya que a cada periódico le asiste la libertad editorial de decidir qué contenidos publicitarios sobre actividades lícitas incluye en sus páginas, y matiza que "cualquier tipo de censura previa sobre ellos vulneraría tanto la libertad de expresión de los anunciantes como la libertad publicitaria de empresas y personas".

"Con las medidas de autocontrol, los editores intentan evitar que se les impongan restricciones discriminatorias respecto al resto de medios de comunicación, algo que ya han sufrido a nivel autonómico, nacional y europeo en la promoción y publicidad de productos como el alcohol, el tabaco o el juego", agrega la AEDE.

Enlace con la información en PERIODISMO PARA PERIODISTAS

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